Viernes, 5 de junio de 2026.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos del Estado Nacional y ratificó a los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento universitario. 

Con esta decisión, el máximo tribunal aceleró los tiempos para dictar un fallo definitivo sobre la aplicación de la Ley 27.795 (de Financiamiento Educativo) y la recomposición salarial reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Corte Suprema desestimó las maniobras del Ejecutivo que buscaban apartar a los magistrados de instancias inferiores, argumentando que ser docentes de universidades públicas no implica un interés personal que afecte su imparcialidad.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal había ordenado al Gobierno ejecutar de manera inmediata la ley, al considerar injustificados los argumentos estatales sobre el impacto de la norma en el equilibrio fiscal.

La causa exige el cumplimiento de la ley votada por el Congreso, la cual determina actualizaciones automáticas en los salarios de docentes y no docentes, además de partidas para funcionamiento, becas e infraestructura.

Las resoluciones dejaron al expediente en "condiciones de resolver", por lo que se aguarda la sentencia definitiva de la Corte Suprema respecto a si el Gobierno Nacional debe liberar los fondos adeudados.