Martes, 9 de junio de 2026.-  Manuel Adorni continúa postergando la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que lideran el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. 

La investigación penal tiene el foco puesto en consumos, propiedades, transacciones en efectivo y deudas que, en conjunto, superan los 800.000 dólares y rozan el millón de dólares.

El Poder Ejecutivo informó que la fecha límite para la entrega del documento será el 15 de junio de 2026. Mientras tanto, la brecha entre su nivel de vida y sus ingresos declarados genera una fuerte repercusión política y judicial.

La justicia y los informes periodísticos han reconstruido un volumen de gastos e inversiones mensuales que resultan imposibles de saldar con el sueldo de un funcionario público.

La familia Adorni-Angeletti mantuvo consumos en blanco por tarjetas de crédito de entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales durante 2025. Solo en tarjetas sumaron más de 85 millones de pesos en un año, lo que quintuplicaba su salario promedio en ese período.

El contratista a cargo de su propiedad en el country Indio Cuá declaró ante la justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo y sin factura por remodelaciones de lujo (que incluyeron jacuzzi, parrilla a medida y cascada climatizada en la pileta).

Peritajes ordenados por la fiscalía detectaron movimientos por más de 100.000 dólares en billeteras virtuales y operaciones no informadas con criptomonedas.

El expediente expone que Adorni acumula deudas por más de 335.000 dólares con vencimientos a corto plazo. Entre estas deudas figuran supuestos préstamos informales provistos por particulares, como dos mujeres policías jubiladas y amigos cercanos.