Jueves, 30 de julio de 2026.-  La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para impugnar la condena y la inhabilitación perpetua impuestas en la Causa Vialidad. 

Argumentó que el proceso judicial constituyó un caso de "proscripción política" y lawfare diseñado para excluirla de futuras contiendas electorales.

Solicita una medida cautelar urgente para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Denuncia la violación de múltiples garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigiendo un juicio imparcial e independiente.

Pidió remover restricciones asociadas a su prisión domiciliaria, tales como el uso de la tobillera electrónica, límites de visitas y flexibilización de salidas.

La defensa conformó un equipo internacional liderado por el abogado argentino Alberto Beraldi, sumando al jurista brasileño Rafael Valim (especialista en lawfare y asesor de Lula da Silva) y al constitucionalista español Javier Borrego (exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 

Buscarán replicar la estrategia internacional utilizada en el caso del mandatario brasileño ante el mismo comité.