Domingo, 9 de agosto de 2026.- La permanencia de Federico Sturzenegger en el Gobierno atraviesa una profunda crisis interna debido a los recientes reveses políticos de sus iniciativas desreguladoras, lo que llevó a la Casa Rosada a congelar su agenda legislativa y limitar su margen de acción.

La tensión escaló en el oficialismo de La Libertad Avanza a raíz de dos fallidas estrategias impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que generaron un alto costo político y económico:

El conflicto portuario: El diseño del Decreto 690/2026, orientado a liberalizar de forma unilateral los servicios de practicaje y pilotaje, desencadenó un paro total de actividades de 48 horas. Esta medida de fuerza paralizó a más de 140 buques y provocó pérdidas calculadas en 300 millones de dólares, obligando al Poder Ejecutivo a intervenir de urgencia y apartar al ministro de la resolución del conflicto.

La derrota legislativa por la Ley de Tierras: Durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, la tajante negativa de Sturzenegger a entablar negociaciones políticas provocó que naufragara el capítulo destinado a elevar al 25% el límite de extranjerización de tierras, forzando su retiro por falta de consenso.

El manejo del fuego: Otro fragmento reformista vinculado con el manejo de incendios quedó al borde de ser descartado en el Congreso ante la incapacidad de amoldarse a los reclamos de la oposición y de los gobernadores aliados.

La acumulación de estos traspiés desató el malestar de múltiples funcionarios que acusan a Sturzenegger de "extralimitarse" y de no calcular el impacto social o el blindaje político de sus medidas. 

Ante esta falta de sintonía en la conducción del Estado, la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, tomó el control absoluto de las negociaciones de los próximos proyectos, relegando las funciones operativas del ministro y limitando el formato de reformas estructurales empaquetadas.