Lunes, 7 de septiembre de 2026.- El diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó explicaciones formales al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno, tras denunciar públicamente que el consorcio Southern Energy, recientemente beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluye entre sus accionistas a una empresa con una inhabilitación vigente por operar ilegalmente en las Islas Malvinas. 

El legislador señaló que Harbour Energy posee el 15% de participación en el megaproyecto de gas licuado Southern Energy en Río Negro. 

Bajo ese nombre anterior, el Estado argentino la inhabilitó formalmente en 2013 (vía Resolución 481, amparada en la Ley de Hidrocarburos 26.659) con una prohibición firme para operar en el país hasta 2028 debido a tareas de exploración no autorizadas en la plataforma continental de Malvinas. 

Ferraro sostiene que un cambio de nombre o transformación corporativa no extingue las sanciones vigentes. Según el artículo 5 de la Ley 26.659, el Estado tiene explícitamente prohibido contratar o beneficiar a firmas sancionadas o a sus accionistas.