Viernes, 16 de octubre de 2026.- El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas se consolidó como uno de los principales focos de tensión política, social y jurídica de su gestión. 

La disputa escaló de forma significativa tras la masiva quinta Marcha Federal Universitaria de ayer jueves, frente al Congreso y en distintas ciudades del país, enytre ellas La Rioja.
La manifestación visibilizó el rechazo de la comunidad educativa, gremios y partidos opositores ante la negativa sistemática del Poder Ejecutivo de aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.

El Poder Legislativo aprobó y ratificó la Ley de Financiamiento para actualizar los recursos y salarios del sector frente a la inflación acumulada. Aunque Milei recurrió al veto bajo su premisa inquebrantable de mantener el "déficit cero", el Parlamento revirtió el veto.

La Justicia Federal declaró la constitucionalidad de la norma y ordenó su inmediata ejecución. Ante la resistencia gubernamental, los tribunales impusieron sanciones económicas diarias a altos funcionarios del gobierno (como una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete) por incumplir el dictamen judicial. El Gobierno nacional apeló y la disputa se encuentra bajo análisis definitivo de la Corte Suprema de Justicia.

La comunidad universitaria denuncia un ahogo financiero que pone en riesgo las operaciones académicas básicas y los proyectos de investigación científica.

Los sindicatos señalan que los ingresos reales de docentes y no docentes sufrieron un marcado deterioro real en comparación con fines de 2023.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige que el presupuesto del próximo año contemple un incremento sustancial en comparación con el proyecto oficial del Ejecutivo.

Informes técnicos de consultoras privadas (como Zentrix) señalan que el presupuesto oficial contiene partidas globales sin asignación específica en el Tesoro Nacional que podrían cubrir la brecha universitaria sin alterar el superávit fiscal.